LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
UN CLARO EJEMPLO DE LA PELIGROSA EXPANSION DEL 
PODER PUNITIVO ESTATAL

Jorge Morera Araya
Candidato a Master en Criminología
Universidad para la Cooperación Internacional

IVSTITIA Año 23. Nº 271-272 julio- agosto 2009
La evolución del proceso penal costarricense en los últimos años ha experimentado una serie de modificaciones trascendentales y de gran incidencia en la definición misma de un ideal Estado social y democrático de derecho; desde los más alentadores y progresistas cambios tendientes a humanizar el sistema de administración de justicia penal a finales de los años noventa, hasta las no tan célebres y más recientes corrientes de expansionismo desmedido del ius puniendi estatal, reflejadas directamente en un paquete de draconianas reformas legislativas que han alcanzado al proceso penal y que a la postre han dado un giro radical en los avances de tinte garantista que se habían logrado hasta el momento en el ámbito nacional, en detrimento como sería de esperar de derechos fundamentales y principios rectores del debido proceso, incluso de rango constitucional.  
Breve reseña de la evolución del proceso penal costarricense a partir de la reforma de 1996
La reforma procesal penal de 1996, a pesar de no ser perfecta y aún menos en su aplicación práctica, significó uno de los avances más importantes y sin precedentes que haya tenido el sistema penal costarricense en los últimos años respecto a la necesidad de humanizar y democratizar la administración de justicia penal, teniendo repercusiones muy positivas en la política criminal desarrollada a partir de ese momento, dado que la reforma vino a institucionalizar una serie de figuras procesales que a su vez redireccionaron el tratamiento del delito en nuestros país. 
El Código Procesal Penal que entra en vigencia a partir de 1998 como consecuencia de la citada reforma y que sustituye en su mayoría los postulados de su antecesor, el Código de Procedimientos Penales de 1973, se encuentra inmerso dentro de un movimiento de reforma a nivel latinoamericano, introduciendo una serie de innovadores cambios que se acercan al ideal de los procesos instaurados en regímenes democráticos liberales. Este código se basa en un sistema marcadamente acusatorio y entre sus principales aportes -que desde ya se advierte sólo se citarán algunos brevemente por su importancia medular para los efectos del presente artículo-, se encuentran el desarrollo de institutos como las medidas alternativas a la pena (conciliación, suspensión del proceso a prueba, reparación integral del daño), el criterio de oportunidad y el mismo procedimiento abreviado, mediante los cuales se devuelve el papel preponderante a las partes involucradas en el proceso -tanto víctima como imputado- para su resolución final, al fomentar incluso la solución armónica del conflicto social sin ser necesario elevarlo hasta una eventual etapa de juicio (o al menos valorar su conveniencia desde el punto de vista político criminal), con la consecuente interiorización que ello implica para los sujetos procesales intervinientes.
Asimismo a través de este cuerpo legal, entre otros aspectos, se restringe la utilización de la prisión preventiva y se establece su aplicación excepcional, se pasa a regular la prescripción de la acción penal de una manera más garantista al fijarse la reducción de sus plazos y la incorporación de nuevas causales de suspensión e interrupción. También es importante mencionar que se le otorga al juez la función de garante de legalidad y constitucionalidad de las actuaciones de las partes dentro del trámite de la investigación.
Precisamente esta reforma contiene un carácter preventivo respecto a la concepción de la pena dentro del proceso penal costarricense, lo cual por sí sólo constituye un avance bastante innovador. Sus alcances, sólo por citar un ejemplo, no tiene precedentes respecto a la materialización del principio de oportunidad, pues esta figura al ser llevada a la práctica a través del criterio de oportunidad reglado, introduce concepciones propias de la función preventiva del derecho penal con nociones de mínima culpabilidad, a partir del análisis de la insignificancia del hecho en aquellos casos en que se verifique una leve afectación al bien jurídico tutelado, superando las teorías absolutistas de la pena y convirtiéndose en campo fértil  para el desarrollo de un derecho penal mínimo; de manera tal que se cuestiona por el ente persecutor, en aquellos casos previamente calificados como de mínima afectación o escasa relevancia social, si existe realmente una verdadera necesidad preventiva del castigo o sanción penal. 
Con la instauración de este instituto procesal de marcados rasgos políticos-criminales, en su momento Chirino (1996) indica: “En una coyuntura donde la pequeña criminalidad o criminalidad de bagatela sigue teniendo un papel importante en las estadísticas oficiales de la criminalidad, de seguro el criterio de la insignificancia y otros derivados de este, contribuirán a dar un punto de vista de orden político criminal que alimentarán decisiones legislativas dirigidas a la descriminalización de muchas figuras y, en otros casos, a establecer otros ámbitos o soluciones jurídicas a los conflictos sociales planteados a la administración de justicia penal (…) Una aplicación consecuente del criterio de ‘insignificancia’ desde el punto de vista del derecho penal material, lo que se ha demostrado es posible, puede contribuir a devolver racionalidad al ejercicio del ius puniendi en manos del Estado; y quizás a reducir los valores de violencia implícitos en el ejercicio de esa facultad estatal” (p. 139)
Otro sobresaliente avance de esta reforma radica en que se establece al inicio de su cuerpo legal la positivización de importantes principios rectores que informan el proceso, muchos de ellos incluso de rango constitucional y que después también son incorporados en el desarrollo de su normativa interna. Entre estos se pueden citar los principios de legalidad, oralidad, celeridad, juez natural, independencia del juez, objetividad, solución del conflicto, estado de inocencia, carácter restrictivo de las medidas cautelares, única persecución, inviolabilidad de la defensa y publicidad. No en vano, con frecuencia se afirma que el derecho procesal penal es derecho constitucional aplicado y ello se ve claramente reflejado en la reforma procesal de 1996.
El cambio de paradigma que trajo consigo la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, tal y como se expuso anteriormente, tiene positivos alcances respecto a la política criminal que se venía ejecutando hasta el momento en el medio jurídico-penal costarricense y que se plasman  en la aplicación práctica de sus institutos procesales y principios rectores que lo informan, en un plausible intento de institucionalizar la excepcionalidad del ejercicio punitivo estatal al revalorarse el papel y el lugar que debían ocupar los sujetos procesales, ya no como objetos, sino, como fines en sí mismos del trámite penal.  
En este sentido observa Llobet (2005): “La situación cambió con el Código Procesal Penal, que regulo los criterios de oportunidad reglados, entre ellos el de insignificancia, la suspensión del procedimiento a prueba, la reparación integral del daño y el procedimiento abreviado (…) Estos institutos relacionados con la reparación pueden ser considerados como una expresión de criterios de oportunidad reglados, aunque el papel que juega el Ministerio Público al respecto sea totalmente secundario. Sin embargo, se trata de institutos que, como se dijo, se han justificado desde el punto de vista de política criminal (…) De acuerdo con lo anterior puede considerarse que el Código Procesal Penal de 1996 implica un cambio de paradigma con respecto al de 1971, ya que significa la adopción de una normativa que de acuerdo con la teoría de la pena corresponde a las concepciones relativas o preventivas, mientras que el de 1973 era expresión de una concepción absoluta de la pena, es decir de carácter retributivo” (pp. 189-190) 
No debe perderse de vista que a pesar de la loable iniciativa de reforma plasmada en el Código Procesal Penal, desde su entrada en vigencia en 1998, paralelamente se vislumbraba una tendencia internacional con marcados rasgos de derecho penal moderno que promovía la expansión radical del castigo del delito en contraposición con el espíritu garantista que permeaba la para entonces nueva ley procesal que regía en ese momento en nuestro país. Ya lo advertía el mismo autor en mención en la introducción de la primera edición de su obra “Proceso Penal Comentado” en una clara alusión a dicho fenómeno, cuando mencionada: “No debe dudarse de las ideas liberales que inspiraron a los redactores del nuevo código. Sin embargo ideas de un Derecho Penal moderno perpetraron también en el mismo, como consecuencia de seguir las tendencias internacionales de reforma del proceso penal. Así conforme a estas se ha resaltado que con la desformalización del proceso de acuerdo con criterios de política criminal se va a lograr una mayor seguridad ciudadana y un mejor combate de la delincuencia no convencional, a través de una mejor eficiencia en la Administración de Justicia Penal (…) Esta confrontación de ideas refleja el conflicto Derecho Penal liberal y Derecho Penal moderno presente en el nuevo código, y que debe llevar a actuar con cautela para evitar que en la práctica lleguen a imperar las ideas del Derecho Procesal moderno sobre las ideas liberales, haciendo que el proceso adquiera caracteres no acusatorios, sino más bien inquisitivos, puesto que es polémico, como lo han hecho notar Hassemer y Luigi Ferrajoli, que estas propuestas para hacer un derecho procesal penal eficiente frente al aumento de la criminalidad, sean compatibles con principios fundamentales de un proceso garantista, por ejemplo el principio de presunción de inocencia, el principio de igualdad, el principio de publicidad, etc.”. (2006, p.32)  
Las sospechas que en su momento planteaba Javier Llobet, precisamente coinciden con la corriente que ha predominando en los últimos años y que se materializan en una más represiva creación penal legislativa, muy distante de los postulados originales que permearon la reforma procesal penal de 1996. 
El fenómeno de la inflación punitiva global
	La expansión del control punitivo estatal  es un fenómeno latente en la actualidad, que se agudiza con los conocidos discursos de emergencia y concretamente con la utilización del derecho penal del enemigo como elementos simbólicos y legitimadores del intervencionismo cada vez más marcado del sistema penal en la cotidianidad de la ciudadanía. Bajo este discurso de “guerra contra el delito” se limitan drásticamente el ámbito de libertad de las personas y, con más razón, de aquellas que se etiquetan dentro de la población que, para el sistema, está más propensa a delinquir y que generalmente no se encuentran dentro de los estratos sociales económicamente más altos; con ello también se palpa su marcado contenido discriminatorio, que incluso se ve reflejado en las características de la misma población carcelaria, siendo minoría los privados de libertad condenados por los llamados “delitos de cuello blanco” o “delitos de los poderosos”. 
		Estas manifestaciones de derecho penal moderno al interior de las normativas de muchos países, no son casualidad, también obedecen a la universalización del combate contra el delito, situación que sin duda alguna se agudiza después de los ataques del 11 de setiembre del 2001 en los Estados Unidos. Se habla de una globalización del control penal y ello es visible en indicadores como la cada vez mayor vocación mundial por la suscripción de instrumentos jurídicos internacionales que introducen nuevos espacios de control penal en los ordenamientos internos, bajo la tergiversada idea de salvaguardar la integridad del ser humano ante la universalidad de estos nuevos conflictos sociales.
Respecto a dicho fenómeno y su relación con el discursos de emergencias y el derecho penal del enemigo, Rosales (2004) señala: “En esta línea son paradigmáticos los tratados y convenios dictados en los últimos años vinculados al control internacional de las drogas ilegales (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Viena 1988) o en otras áreas correlacionadas como lo demuestran la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Rosales, 2003), y la Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, Palermo 1998), los cuales proponen una ampliación del control penal internacional y persiguen su inserción en las legislaciones nacionales, constituyéndose en tremendos retos para los sistemas jurídicos locales si se advierte la vocación represiva y antidemocrática de la mayoría de estas normativas, por lo que sólo a tono con el Estado Constitucional y el Derecho Penal propio de tal modelo sería posible su prudente inserción siempre que se ajustarán a los principios e instituciones del orden constitucional aplicables en materia penal desde la perspectiva garantista, lo cual de entrada ofrece dificultades debido a la significativa identificación de estos tratados con posturas propias de la maximización de lo penal, del Derecho Penal del Enemigo y del Derecho Penal de Emergencia. (pp. 450-451)
De tal manera que este tipo de normativa internacional importada constituye un contrasentido en sí misma, pues a la hora de incorporarse en los ordenamientos internos de los países suscritos a estos instrumentos internacionales, por la forma de ser positivada y puesta en práctica, se convierte en foco de abusos y arbitrariedades institucionalizadas que más bien tienden a denigrar a la persona humana. 
Otro fenómeno paralelo a los discursos de derecho penal del enemigo y la generalización de una pervertida “inseguridad ciudadana” que en estos momentos también colabora con el uso abusivo del derecho penal, concretamente a nivel latinoamericano, es la cuidadosa conversión que se ha hecho de postulados propios de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” al ámbito de la seguridad ciudadana, a través de la instauración de códigos de equivalencia entre “el guerrillero de antaño y el delincuente de hoy”. Este proceso de construcción simbólica permite imponer fórmulas de descalificación y etiquetamiento social negativo a estos nuevos “enemigos del sistema” que son hoy en día los delincuentes (Zamora Cordero: 2006 p, 91).
Si bien es cierto, nuestro país no estuvo expuesto directamente a un pasado de guerrillas o grupos insurrectos, por la manera en que se plantea en la actualidad el combate contra la delincuencia, no dista mucho de la mencionada ideología bélica de la Doctrina de la Seguridad Nacional, por  lo que la noción de “lucha” o “guerra” contra el delito, además de constituir una regresión del sistema penal garantista, también representa un riesgo democrático,  pues dada la carga ideológica que contiene, tiende a instaurar peligrosamente  sistemas que se convierten en campo fértil para el desarrollo de organizaciones estatales autoritarias- tal y como se indicó supra-, mismas que valiéndose de sus agencias y aparatos represivos, actúan arbitrariamente contra la ciudadanía, en contraposición de los postulados básicos de un Estado social y democrático de derecho.
	Como consecuencia de esta tendencia, la protección de bienes jurídicos colectivos desplaza la de bienes jurídicos individuales o personales y además se resta valor a los principios de proporcionalidad y mínima intervención como límites del poder punitivo estatal; con ello, se combate el crimen indiscriminadamente sin importar el costo humano que ello implique.
	En este orden, dependiendo del enfoque que se le otorgue al proceso penal, como parte integral del proyecto de “Seguridad Humana”, éste va a constituirse en un importante promotor del desarrollo humano o, por el contrario, puede llegar a ser una de las principales fuentes de su estancamiento, desembocando eventualmente en peligrosos y retrógrados flagelos sociales que se consideraban extirpados en la actualidad, tales como la instauración de regímenes estatales más autoritarios y el aumento de corrientes de segregación y discriminación, que a su vez pueden derivar en un mayor ensanchamiento de los procesos de  estratificación social.
Con el proceso de reforma procesal penal en el país, se niegan los postulados máximos del paradigma de la “seguridad humana”, particular concepto elaborado por las Naciones Unidas a partir de 1994 y que fuera establecido dentro del Informe sobre Desarrollo Humano denominado: “Nuevas Dimensiones de la seguridad humana”; en el cual se plantea la noción de la seguridad no sólo desde un punto de vista meramente securitario respecto a la integridad física o material de la personas frente a la delincuencia, sino que va más allá, al redefinir una concepción más amplia centrada en el ser humano -sea víctima o victimario- si se parte del proceso penal-, en el que se garantice su dignidad como persona y se le supla de los medios necesarios para su superación y bienestar integral en términos económicos, sociales, políticos, alimentarios, medioambientales, de salubridad pública, entre otros. De ahí que la anterior se perfila como una propuesta de seguridad de carácter humanista, más efectiva y de tinte preventivo a la hora de abordar la problemática del delito en la sociedad. (Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana,  Informe sobre el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, 1994.)
De manera tal que el Código Procesal Penal desde su implementación en 1998, se ha visto expuesto a un continuo proceso de reformas legislativas, las cuales de una u otra manera han desnaturalizado su espíritu inicial, a través de las modificaciones incorporadas por una serie de leyes de corte marcadamente represivo, expresión misma del proceso de tipificación y castigo penal de nuevas conductas incorporadas como delictivas. 
Como ejemplo de estas modalidades modernas de normativa penal, se encuentran las recientes “Reforma a la Ley de Tránsito”, la “Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal”, la “Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo” y la “Ley Contra la Delincuencia Organizada” aprobada hace pocos días en el seno legislativo; las cuales ponen en evidencia la intromisión de la política criminal de corte inflacionario en leyes procesales, debido a la importancia que reviste su instrumentalización en el establecimiento de un sistema cada vez más retributivo. 
El caso de la Ley contra la delincuencia organizada
La expansión del poder punitivo estatal en otras esferas del ámbito nacional,  ha hecho necesaria la adecuación del trámite penal en aras de establecer el dinamismo requerido para la puesta en práctica de la normativa de fondo que se pretenden implementar. En este sentido el ordenamiento procesal penal, como elemento clave del engranaje del sistema penal moderno, ha pasado a convertirse en una herramienta más del combate institucionalizado contra la criminalidad a todos los niveles, siendo utilizado en función de lograr un mayor eficientismo procesal como manifestación misma de la corriente de administrativización del sistema penal, a pesar del alto costo que ello implica respecto al sacrificio de garantías y derechos fundamentales que en el pasado parecían intocables.
La “Ley contra la delincuencia organizada”, de reciente aprobación legislativa, constituye un clarísimo ejemplo de la represivización material vía derecho procesal penal en nuestro país, al mismo tiempo que se vislumbra como una muestra fehaciente del alejamiento del garantismo penal verificado en los últimos años con la reforma procesal penal del 96, al estar permeada igualmente de una marcada ideología de “lucha contra el enemigo”. 
En su artículo 1° la ley establece el concepto de “delincuencia organizada”, como “un grupo estructurado de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves”. Además define el término “delito grave”, que para todo el sistema penal sería aquel que “dentro de su rango de penas, pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más”.
La anterior supone una definición amplia y bastante ambigua, que denota una total indeterminación en cuanto a sus alcances, debido a la terminología abierta que utiliza -típica de un derecho del enemigo-. Primero señala que se considerará delincuencia organizada a un grupo de dos o más persona que exista durante “cierto tiempo”, pero no se establece en este punto a qué término se refiere el legislador, cuánto tiempo será necesario tener por acreditada su existencia, para que dicho grupo sea declarado formalmente como una organización criminal, de conformidad con el artículo 2 ibídem. Además indica que tal organización deberá constituirse por dos o más personas, que actúen “concertadamente” con el propósito de cometer uno o más delitos graves, definiendo a su vez delito grave como aquel sancionado, dentro de su rango de penas, con prisión de 4 años o más. O sea, una gran mayoría de delitos tipificados en el Código Penal en la actualidad podrían entrar en los supuestos de la ley de marras, si se toma como base el parámetro indicado y la indeterminación del término “delincuencia organizada”.
Respecto a lo anterior y a manera de ejemplo, un delito de robo simple con violencia en las personas, cometido por dos sujetos -máxime si en la práctica cuentan con antecedentes judiciales- y que acostumbran a realizar dicha actividad delictiva en forma conjunta, perfectamente podría encuadrar o pasar a considerarse como delincuencia organizada, si se determina la existencia de “cierto tiempo” en dicha actividad, término que a todas luces es bastante caprichoso y que puede dar pie a calificaciones arbitrarias de conductas que realmente no presentan la estructura formal del fenómeno “delincuencia organizada”, lo cual evidentemente rozaría con el principio de inocencia consagrado constitucionalmente. 
Queda claro que el artículo en estudio no se detiene a delimitar importantes términos como “grupo estructurado”, “cierto tiempo” o “concertadamente”, por lo que precisamente, al dejarse tan abierto el concepto “delincuencia organizada”, permite la posibilidad para las autoridades judiciales de dirigirse contra un sinnúmero de conductas de manera indiscriminada e irracional, que con anterioridad a la aprobación de esta ley se calificaban de simple delincuencia ordinaria; siendo que a partir del concepto “delincuencia organizada” casi cualquier delito podría enmarcarse dentro de este supuesto, dependiendo de la manera en que sea interpretada tal definición. 
 Esta imprecisa técnica legislativa, contraviene el principio de legalidad, al no cumplirse con los presupuestos mínimos de tipicidad legal de la norma.  Como resultado de lo anterior, el legislador deja en manos del juez e incluso del mismo ente fiscal, una responsabilidad que en principio debería quedar superada en el texto legal, lo cual conduciría a eventuales interpretaciones en perjuicio del imputado, pues al ser declarado el caso como un procedimiento especial, aquel se verá sometido a un proceso más rígido e infalible, a raíz de la conducta que precisamente se pretende sancionar y erradicar a toda costa con la reforma legal.
En estrecha relación con la anterior preocupación, parece ser que el “mandato de certeza” mínimo, derivado del principio de legalidad y de necesaria aplicación en la norma analizada, nunca operó para el legislador. Al respecto Alpízar (2006) señala: “El ‘mandato de certeza’ se dirige al legislador, quien debe respetar el principio de tipicidad y en virtud del mismo está obligado a redactar en fórmulas legales de mayor precisión los delitos y presupuestos de las penas. Se ha dicho del ‘mandado de certeza’ que constituye una garantía material, cuyo fundamento histórico deriva de la desconfianza que despertaba la labor interpretativa del juez”  (p.35)
Es importante mencionar que una situación similar se presenta con la “Ley de fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo”, también de reciente aprobación en nuestro país, en la cual se establecen una serie de delitos de peligro abstracto en la que los términos “peligro común” o “atentados contra la seguridad común” son de uso obligatorio, dejando abierta la posibilidad de dirigirse contra un número indeterminado de objetivos y actividades que se define como “terroristas” y que en la práctica no parecerían ser considerados como tales. Esta referencia se realiza con la intención de dilucidar que en este tipo de legislación contra el enemigo siempre se establece un elemento ideológico determinante, que justifique la lucha a todos los niveles y costos que ello implique y que además puede variar, desde el combate contra las drogas, el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de personas, entre otros conflictos preconstituidos que son de uso común en el medio nacional e internacional hoy en día.   
Retornando a la ley contra la delincuencia organizada, a parte de la falta de determinación e incertidumbre que genera la definición de dicho término, la ley en comentario contiene normativa particularmente restrictiva de garantías y derechos procesales de los imputados. En primer lugar se aumenta los plazos de investigación, dado que el término de prescripción de la acción penal en estos casos será de diez años a partir de la comisión del último delito y no podrá reducirse por ningún motivo, aún cuando sean delitos sancionados con 4 años de prisión, evidenciándose una descomunal desproporcionalidad en los plazos de persecución penal.
Tal normativa es fiel reflejo de la expansión del ius puniendi estatal, que en su lucha indiscriminada contra la delincuencia, no tiene reparos en restringir preceptos esenciales del debido proceso penal, como los principio de justicia pronta y cumplida, el principio de celeridad procesal y el de seguridad jurídica de la partes intervinientes, principalmente en detrimento del imputado. Aparte del costo institucional que ello también implica para el sistema de administración de justicia, por el retraso en la tramitación y la mora judicial que conllevaría la gestión de este tipo de procedimientos “especiales”.
Respecto a la prisión preventiva y según los artículos 4 y 9 de la ley, el plazo originario será de hasta veinticuatro meses, pudiendo ser prorrogado hasta doce meses más por el Tribunal de Casación Penal, que además, con el dictado de la sentencia podrá aumentarse hasta por doce meses más y en caso de reenvío la Sala o el Tribunal de Casación, excepcionalmente y de oficio, podrán autorizar una prórroga hasta por doce meses más; es decir el plazo máximo de detención podría llegar hasta 5 años (término que, valga indicar, supera incluso el plazo máximo de prisión preventiva que se contempla para el procedimiento de trámite complejo establecido en los artículo 376 y ss. del Código Procesal Penal). 
Tales disposiciones referidas a la utilización excesiva de la prisión preventiva y el aumento de sus plazos, vienen a desnaturalizar totalmente el fin procesal de dicha medida cautelar, convirtiéndola casi en una pena anticipada, en la que los límites de proporcionalidad y razonabilidad no existen y ceden ante una creciente necesidad construida por el mismo sistema de inocuizar al imputado a cualquier precio. 
Esta norma denota elocuentes rasgos de derecho penal del enemigo, en el que pareciera fortalecerse la idea de mantener al imputado privado de su libertad durante casi la totalidad del proceso aún cuando no se requiera, ilusión que se construye a partir de su aparente peligrosidad al formar parte de una “supuesta” organización criminal. Una vez más el fin justifica los medios y ese fin no es otro más que la lucha contra el enemigo: “delincuencia organizada”, en el que se sacrifica la libertad del procesado penal a niveles inimaginables anteriormente, aún cuando no se ha definido su culpabilidad. 
Se establece además el secreto de las investigaciones hasta por veinte días -secreto sumarial- e incluso se autoriza la realización de ciertas diligencias sin comunicación previa a las partes, siempre que la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones del ente fiscal (art. 10).  Nuevamente la amplitud y ambigüedad de la norma podría conllevar a eventuales interpretaciones arbitrarias por parte del juzgador a la hora de ordenar el secreto sumarial  y aún más grave, que pueden dar paso a actos ilegales violatorios del debido proceso, concretamente del derecho de defensa del imputado, al no poder ser impugnados por las partes dentro de la investigación y en su momento procesal oportuno. Tampoco se respeta el derecho a una debida y oportuna imputación de los cargos a la persona investigada; en este sentido pueden pasar hasta veinte días,  término en que se realicen una serie de actos de investigación de esencial importancia para las partes, sin que éstas entren en su conocimiento o sean objeto de análisis por parte de su defensa técnica. Esta disposición también evidencia la manera en que se dota al ente fiscal y a la misma policía judicial de herramientas “idóneas” para demostrar a toda costa, la participación del investigado en la organización delictiva a la que se pretende involucrar, sin importar que se masacren sus garantías procesales y sin tomar en cuenta las prácticas abusivas para las que podría prestarse dicha normativa. 
Asimismo, se amplían las intervenciones telefónicas a dieciocho tipos penales más, todo lo anterior en detrimento del procesado penal (art. 16) y en clara contraposición con los principios de subsidiaridad y mínima intervención contenidos en el espíritu original de la norma de 1996 y que denotaba su apego a las doctrinas de garantismo penal y de derecho penal mínimo.  En este caso, la lucha contra el “enemigo delictual organizado” es suficiente para ampliar la violación al derecho a la intimidad y privacidad de la personas, aún cuando no esté del todo definido si su actividad delictiva se encuentra o no dentro de los supuestos del artículo 1 de la ley, dada su acusada ambigüedad.
En última instancia, llama la atención el contenido del artículo 24 de la ley, el cual sanciona con prisión de dos a seis años al funcionario público o judicial que por su culpa facilite a otro la distracción del patrimonio (tipo penal descrito en el artículo 23 ibídem). Es realmente preocupante la magnitud que esta norma pueda tener a la hora ser llevada a la práctica judicial, atentando incluso contra la objetividad e independencia del funcionario judicial encargado de tramitar una causa en la cual se haya decomisado patrimonio de acuerdo con las disposiciones estipuladas por la ley (llámese juez, fiscal o policía judicial). Ello implica que contra dicho funcionario se puede ejercer una presión externa, incluso de las mismas partes intervinientes en el proceso, ante la posibilidad que sus actuaciones desemboquen en una eventual denuncia penal, con todas las implicaciones y abusos que ello implicaría y que pone en peligro la transparencia de las actuaciones judiciales dentro de este tipo de procedimientos.
Valga señalar que normativa similar de lucha contra el enemigo, a pesar de tener justificaciones y objetos distintos, también ha sido instaurada en otros países cercanos a Costa Rica, en los cuales su éxito en la erradicación o al menos en una reducción significativa de las tasas de delincuencia no ha sido tal. Como ejemplo de leyes penales que parecieran herederas de una política de “cero tolerancia” y de represión o exclusión social vía derecho penal, paralelas a nuestra “populista” Ley contra la delincuencia organizada, se presenta a nivel centroamericano y específicamente en El Salvador la denominada “Ley anti-maras”, misma que fue implementada transitoriamente en ese país en el año 2003,  con el fin de combatir el creciente desarrollo de las pandillas conocidas como “Las Maras” y sus efectos en la delincuencia juvenil. 
A pesar de lo anterior, los resultados de tales iniciativas legislativas no se han caracterizado precisamente por su eficacia y en algunos casos los índices por hechos delictivos atribuidos al fenómeno marero en la nación centroamericana, lejos de disminuir, ha tendido al aumento después de la aprobación de la mencionada ley, lo cual pone en evidencia que este tipo de iniciativas constituyen soluciones de política-criminal erradas. 
Como muestra de lo anterior se ha señalado: “Desde la entrada en vigencia de la política de “Súper mano dura” en forma paradójica, según informa la Universidad de Centroamérica, la tasa de homicidios ha aumentado en El Salvador. Se ha señalado  que el total de homicidios entre enero y junio del 2005 fue de 1665, lo que revela un incremento del 32.6% con respecto al año pasado, cuando en ese período se registraron 1255 muertes violentas. El promedio diario de muertes en 2003 fue de 6 y en 2004 fue de 7.6. En definitiva la política de “Súper Mano Dura” ha resultado un rotundo fracaso” (Llobet: 2007, p. 213). 
Si trasladamos los anteriores resultados a los alcances que efectivamente pueda tener la Ley contra la delincuencia organizada a la hora de ser puesta en práctica en nuestro país, pareciera que sólo el tiempo lo dirá, no obstante por su misma naturaleza y por la manera en que ha sido elaborada, no se vislumbra un abrumador “triunfo” contra esa criminalidad que se pretende combatir, pues su causalidad obedece a otras circunstancias que se escapan del tratamiento que podría dársele en la vía penal, como paradójicamente sucede con la mayoría de legislaciones de esta misma o similar modalidad y ante todo, con aquellas de corte represivo.
Volviendo a nuestro país, queda claro que las modificaciones instauradas en el sistema penal costarricense a partir de la ley en estudio, así como las demás reformas que forman parte del paquete legislativo de este fenómeno de expansionismo punitivo, reducen la solución de los conflictos sociales prácticamente a la ecuación: crimen-pena, dejando sin opción incluso a los mismo actores principales del proceso penal. Con ello, la inflación punitiva restringe arbitrariamente los filtros alternativos a la pena que en su momento fueran anunciados con bombos y platillos a partir de la reforma procesal de 1996 y que anteriormente daban cabida razonablemente a la voluntad de las partes, mismas que como se observó quedan relegadas a un segundo plano, al no ser ya su fin principal. 
Es evidente que este sistema ya no se preocupa por el resarcimiento a la víctima o el trato garantista del imputado dentro del proceso, ahora contiene un fin ulterior en sí mismo del cual se alimenta: el combate del delito a toda costa, sin importar sus efectos colaterales, pervirtiendo con ello el principio de culpabilidad que debería realizarse plenamente a través de un sano trámite procesal.
No en vano, en su momento Hassemer (1990) denunciaba: “El principio de culpabilidad está siendo bombardeado. Tras mucho tiempo sin ser cuestionado como justificación de la pena, como indicador de su medición y como criterio de imputación y exculpación, se le considera hoy como sospechoso de mala metafísica, como signo de un Derecho Penal autoritario que desvía la corresponsabilidad de la sociedad en el delito hacia el individuo en quien se manifiesta la maldad general, y como obstáculo en el camino hacia un Derecho Penal humanitario que no ate al autor de un delito con su culpabilidad, sino que le señale soluciones”. (p.9)
La “Ley contra la delincuencia organizada” representa la más clara expresión de un uso abusivo de la potestad represiva estatal, en detrimento de los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, intervención mínima, seguridad jurídica, inviolabilidad de la defensa y estado de inocencia, que necesariamente deben permear la estructura del debido proceso penal. El costo de esta legislación en materia de restricción de derechos fundamentales es realmente alto, si lo comparamos con la efectividad que pueda llegar a tener la ley al ser llevada a la práctica; incluso, la experiencia de otros países en la utilización de normativa similar, como se mencionó, pone en evidencia que no es tal su eficacia en aras de disminuir o erradicar la “temida” delincuencia organizada. 

Conclusiones
1.	El Derecho procesal penal, como un elemento más del engranaje del sistema penal moderno, ha pasado a convertirse en una herramienta de política criminal en el combate contra la criminalidad a todos los niveles, desembocando, en función de dicho objetivo, en un alto costo humano.
2.	Es urgente replantear el sistema penal y en específico, el proceso penal, ya no como un medio idóneo para erradicar o apaciguar la “inseguridad ciudadana” instaurada por el discurso político y el alarmismo mediático, sino con el fin de alcanzar mejores estándares de seguridad humana a través de su uso racional,  debido a que las actuales tendencias expansionistas del ius puniendi estatal y la consecuente restricción de libertades y garantías constitucionales de las personas, más bien verifican un retroceso en la protección tanto nacional como internacional de los derechos humanos; en el cual la concepción estado-centrista pareciera volver a imponerse sobre el papel protagónico que debería dársele la persona humana, como objeto de protección máxima a todos los niveles, si lo que realmente se quiere es cumplir íntegramente con los objetivos planteados por el paradigma de la seguridad humana establecido por las Naciones Unidas a partir de 1994.
3.	Los tratados internacionales de lucha contra las drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada, constituyen instrumentos que, en principio, ha sido instaurados por la comunidad internacional con el fin de resguardar la integridad del ser humano ante la universalidad de tales conflictos sociales, al menos esa es la idea que se ha vendido. No obstante, a la hora de ser internalizados en la normativa nacional de los países suscritos, por la forma de ser positivados y puestos en práctica, se convierten en focos de abusos y arbitrariedades institucionalizadas, que más bien tienden a denigrar a la persona humana; constituyéndose en un claro contrasentido. 
4.	La constante reducción de garantías y derechos fundamentales dentro del proceso penal tiende a instaurar peligrosamente un sistema que se convierte en campo fértil para el desarrollo de organizaciones estatales autoritarias, que podrían desembocar eventualmente en peligrosos y retrógrados flagelos sociales, tales como el ensanchamiento de la estratificación social y el consecuente aumento de corrientes de segregación y discriminación; todo lo anterior en detrimento de los postulados básicos de un Estado social y democrático de derecho.
5.	Con las recientes reformas al Código Procesal Penal, el papel de la figura del juez, como garante de legalidad y constitucionalidad en la investigación, tiende a convertirse casi en la de un observador de las arbitrariedades contempladas en la normativa incorporada y en un aplicador mecánico de la ley penal. Ese efecto neutralizador sobre la autoridad jurisdiccional pareciera ser un claro objetivo de estas tendencias modernas de derecho penal y fiel reflejo de su proceso de administrativización en detrimento de los postulados del garantismo penal.  
6.	La Ley contra delincuencia organizada es un ejemplo más de las corrientes modernas del derecho penal, de las cuales nuestro ordenamiento tampoco escapa y que junto con sus “hermanas” la Ley de lucha contra el terrorismo, la Ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal y la “Reforma a la Ley de tránsito” constituyen pruebas fehacientes del expansionismo del ius puniendi estatal en nuestro país, como consecuencia de la lucha indiscriminada contra la delincuencia en detrimento de las garantías y libertades de las personas sometidas a un proceso penal.  
7.	A raíz de la imprecisa técnica legislativa utilizada en la redacción de la “Ley contra la Delincuencia Organizada” a la hora de delimitar su margen del alcance -carencia de tipicidad legal-, el legislador deja en manos del juez, e incluso del mismo ente fiscal, una responsabilidad que en principio debería quedar superada en la misma ley, situación que por sí sola implica un riesgo, pues podría conducir a eventuales interpretaciones discrecionales en perjuicio del imputado, dado que al ser declarado el caso como un procedimiento especial, aquel se verá sometido a un proceso más rígido y represivo, en clara violación de los principios de legalidad, estado de inocencia, igualdad ante la ley y proporcionalidad.
8.	La utilización indiscriminada de la prisión preventiva y el aumento desmedido de sus plazos, tal y como se establece en la “Ley contra la Delincuencia Organizada”, vienen a desnaturalizar totalmente el fin procesal de dicha medida cautelar, convirtiéndola casi en una pena anticipada, en la que los límites de proporcionalidad y razonabilidad no existen. Con esta disposición el fin justifica los medios y ese fin no es otro más que la lucha contra el enemigo: “delincuencia organizada”, en el que se sacrifica la libertad del procesado penal a niveles inimaginables anteriormente, aún y cuando no se haya definido su culpabilidad. 
9.	El expansionismo del poder punitivo estatal alimentado por la lucha contra el crimen organizado, también se refleja directamente en la concesión de nuevas herramientas de persecución a sus diversas agencias (Ministerio Público y a la Policía Judicial) y  paradójicamente en la reducción de espacios de defensa que se tornan cada vez más escasos para el imputado. Lo anterior, además de acentuar la desigualdad procesal en que se ve inmerso el imputado, como el sujeto interviniente más débil del litigio debido a su incómoda posición, también puede desembocar en actuaciones abusivas y arbitrarias por parte de los órganos de persecución penal, que estarán siempre bajo la presión mediática de tramitar un procedimiento especial contra una organización delictiva. 
10.	El costo humano que esta legislación produce en materia de restricción de derechos fundamentales es realmente alto, si lo comparamos con la efectividad que pueda llegar a tener la ley al ser llevada a la práctica. Incluso, la experiencia de otros países en la utilización de normativa similar, pone en evidencia que no es tal su efectividad en aras de erradicar o al menos disminuir los índices de delincuencia en la sociedad. 

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